Agua turbia, poder turbio

Guadalajara aprendió a leer su agua antes que a beberla. Durante meses, en cientos de colonias, el ritual diario fue el mismo: abrir la llave, mirar el color, oler, decidir. Cuando el agua sale café, la conversación pública deja de ser técnica y se vuelve política. Eso ocurrió esta semana, y ocurrió de golpe: el 6 de octubre el gobernador Pablo Lemus reconoció una "crisis de agua potable como nunca antes"¹; el 7 se cerraron las compuertas de la presa Las Pintas²; el 8 estudiantes del ITESO lo encararon a gritos³, y el 11 miles de personas marcharon de La Minerva a Casa Jalisco. La marcha terminó con chorros de agua, gas lacrimógeno y 39 detenidos, según la cifra oficial⁴.

La imagen es brutal en su ironía: un gobierno que no pudo garantizar agua limpia la usó a presión contra quienes la exigían. Pero quedarse en la foto sería injusto con la historia, porque la crisis no nació en este sexenio. Nació de treinta años de decisiones que se pospusieron, de presas que se anunciaron y no se construyeron, y de un organismo, el SIAPA, que según su propio gobierno arrastra un "abandono brutal desde hace más de 20 años"⁵.

Treinta años de presas en el papel

El acueducto Chapala–Guadalajara se inauguró en 1992 y, más de tres décadas después, sigue siendo la columna vertebral del abasto metropolitano. Lo que vino después fue una colección de proyectos frustrados. Arcediano, presentado en 2004 como la obra estatal más cara —6,700 millones de pesos—, nunca se terminó por inviabilidad técnica y oposición social⁶. En 2007, el gobierno de Emilio González Márquez firmó con Conagua y Guanajuato elevar la cortina de El Zapotillo a 105 metros sin pasar por el Congreso local; la Suprema Corte invalidó ese convenio en 2013⁶.

Aristóteles Sandoval prometió no inundar Temacapulín, pagó un estudio a la ONU de unos 90 millones de pesos y terminó defendiendo la cortina de 105 metros. Enrique Alfaro firmó en 2019 el reparto del río Verde y en 2024 inauguró junto a López Obrador el sistema Zapotillo–El Salto–Calderón con una frase que hoy pesa: "hemos resuelto el abasto de agua para la ciudad los próximos 50 años"⁷. Dos años después, el sistema opera al 45% de su capacidad¹.

El dinero que tampoco llegó al grifo

La pregunta incómoda no es solo cuánto se invirtió, sino cuánto se perdió en el camino. La Auditoría Superior de la Federación dejó 100.4 millones de pesos por aclarar en la revisión de El Zapotillo correspondiente a 2023, incluidos equipos y válvulas pagados que no se encontraron en la visita física⁸. En el SIAPA, organizaciones civiles compilaron una década de observaciones de auditoría —de 706 millones en adeudos no recuperados de 2008 a 596.6 millones en cuentas por cobrar sin soporte en 2023— y presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que, según ellas, sigue sin resultados⁹.

Hay más: un contrato de cobranza que pagó una comisión mayor a la pactada, una asesora con 73 mil pesos mensuales comisionada a otra dependencia y un exdirector, Rodolfo Ocampo, detenido en 2013 por el presunto desvío de un crédito del BID¹⁰, cuyo desenlace judicial no se conoce públicamente. Ninguno de estos casos tiene, hasta donde se sabe, una sentencia firme. Ese es precisamente el problema: en el agua de Jalisco, la rendición de cuentas también sale turbia.

2026: la crisis que se anunció sola

Nada de lo ocurrido en octubre fue sorpresivo. El SIAPA reconoce un deterioro del canal de Las Pintas desde diciembre de 2025¹¹. En marzo, Lemus destituyó al director del organismo y prometió una mejora; en julio la Secretaría de Salud recomendó no beber agua de la red; también en julio el gobernador prometió "mejor calidad del agua hacia finales de agosto y principios de septiembre"⁵. El plazo no se cumplió. Las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos sumaron 356 entre agosto y septiembre¹², mientras el SIAPA aseguraba que los reportes habían caído a menos de 60.

La explicación oficial —lluvias que saturaron los sistemas municipales de aguas residuales y descargas irregulares hacia Las Pintas— puede ser técnicamente correcta y políticamente insuficiente. Porque la ciudadanía no está midiendo la turbiedad en unidades, sino la credibilidad de quien la gobierna. Y la credibilidad se agota con cada plazo vencido.

La factura política

El agua ya no es un asunto municipal ni estatal: llegó a la mañanera dos veces en una semana. El 8 de octubre, Claudia Sheinbaum respaldó a Lemus y culpó a Alfaro por el acueducto que "iba a hacer y al final no lo hizo"¹³. El 12, la misma presidenta marcó distancia por el uso de la fuerza y, según MVS, rechazó el esquema de financiamiento con participación privada que el gobernador propone para el nuevo acueducto¹⁴. Para Movimiento Ciudadano, que gobierna Jalisco y la capital, el agua se convirtió en el flanco por el que Morena puede disputar el estado en 2027.

Lemus tiene a su favor una decisión que nadie antes se atrevió a tomar —cerrar Las Pintas aunque eso implique tandeos— y un plan de obra con cifras concretas. Tiene en contra el reloj, un Congreso que debe aprobar el financiamiento por mayoría calificada, una oposición que huele sangre y una ciudad que ya no le cree a los plazos. La crisis del agua se resolverá, si se resuelve, con tuberías. La crisis de confianza, en cambio, se resolverá en las urnas.

NuevoDel gas lacrimógeno a la disculpa

En 48 horas, la versión oficial cambió de rumbo. El 12 de octubre Lemus habló de "un día difícil" y atribuyó la violencia a un "grupo de choque" de unas 400 personas encapuchadas¹⁵; las familias respondieron que sus hijos eran "víctimas, no un grupo de choque", y los colectivos contaron más de 50 detenidos, frente a los 39 oficiales¹⁶. Siete fueron trasladados al penal de Puente Grande sin aviso a sus familias, y una jueza federal dio vista a la Fiscalía General de la República por posible tortura¹⁷.

El 13 de octubre, el gobernador dio un giro: "antes que gobernador, soy humano"; reconoció "uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas", dijo que "nunca debió utilizarse agua ni gas contra las personas" y anunció que todos los detenidos estaban libres¹⁸. Un juez declaró ilegal una de las detenciones y vinculó a proceso por lesiones a dos jóvenes; otros cuatro esperan audiencia el 16 de octubre¹⁹. Asuntos Internos investiga a 17 policías y a cinco mandos²⁰. La disculpa no apagó el conflicto: la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, le pidió renunciar "si no puede"²¹; diputados de Morena y Futuro anunciaron un juicio político, y colectivos convocaron a una segunda megamarcha para el 18 de octubre con la exigencia de revocar su mandato²².

Desde Palacio Nacional, el tono también subió: el 13 de octubre Sheinbaum habló de una "lamentable represión" y el 14 preguntó "¿quién dio la orden?" y "¿cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?"²³. La CNDH atrajo la investigación y Gobernación documenta los casos uno por uno. Movimiento Ciudadano respondió por voz de su dirigente, Jorge Álvarez Máynez, que acusó a Morena de lucrar electoralmente con el agua.

Nuevo627 colonias y un acueducto a la prueba de 26 votos

Mientras tanto, el agua dejó de llegar todos los días. Desde el 15 de octubre, 627 colonias de siete zonas abastecidas por la Planta 1 de Miravalle —el 42% de la cobertura del SIAPA— tienen dos o tres días sin servicio por semana, hasta marzo de 2027²⁴. El SIAPA calcula unos dos millones de personas afectadas; otros medios hablan de 2.3 millones²⁵. Un investigador citado por El Informador estima que la mejora en la calidad se notará hacia junio, no en marzo.

La salida de fondo, el acueducto sustituto Chapala–Guadalajara, llegó al Congreso el 15 de octubre. Cuesta 11,922 millones de pesos, 83% más que lo planteado en 2025²⁶, y se pagaría con un contrato de construcción y operación (CMRO) a 20 o 25 años. El gobierno insiste en que no es deuda ni privatización; Morena, Hagamos, PT y Futuro dicen sí a la obra pero no a ese esquema, calculan pagos totales de hasta 48,297 millones y proponen financiarla con los presupuestos de 2027 a 2029²⁷. Se necesitan 26 de 38 votos. La Federación, por su parte, revisa "dos proyectos" con Conagua, y Sheinbaum prometió una respuesta esta misma semana²⁸.

La crisis entra así en su fase más política: una disculpa que llegó tarde, una investigación en manos de la CNDH, un Congreso que debe decidir cómo se paga el agua de los próximos 25 años y una calle que volverá a marchar el domingo. El agua turbia pasó de las colonias al tablero de 2027.

Redacción soypolítico · Análisis políticoCon información de medios nacionales y de Jalisco, documentos oficiales y auditorías enlazados en este especial. Publicado el 12 de octubre de 2026; actualizado con corte al 15 de octubre de 2026.